CARACAS.- La oposición buscará ejercer desde la Asamblea Nacional una mayor supervisión del vital sector petrolero, en vista de lo difícil que sería revertir polémicas leyes socialistas con las que el presidente Hugo Chávez expandió el poder económico del Estado. Los rivales del mandatario ganaron el domingo más de un tercio de los 165 diputados, lejos de la mayoría oficialista, pero suficiente para frenar las reformas legislativas de mayor alcance y liderar algunas de las principales comisiones parlamentarias.

Las propuestas se centran en añadir controles a las finanzas públicas y mejorar la distribución de la renta petrolera, que actualmente se diluye en decenas de programas sociales con su correspondiente impacto en las débiles finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). "Nuestra prioridad es quedarnos con la comisión de Contraloría para supervisar a Pdvsa e investigar casos de corrupción", dijo César Rincones, ex titular de esa comisión y diputado por Sucre.

En sus 11 años en el poder, Chávez aumentó la participación estatal en los ingresos petroleros a través de un nuevo régimen fiscal, masivas nacionalizaciones y leyes que transfieren al Gobierno miles de millones de dólares anuales de las arcas de la estatal Pdvsa. "Los recursos derivados de la producción petrolera son activos que deben contribuir a la diversificación de la economía", sostiene la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) en "100 soluciones para la gente" (www.unidadvenezuela.org/soluciones-para-la-gente/).

Asimismo, la oposición intentará frenar la agresiva política de nacionalizaciones y expropiaciones que ha ejecutado Chávez en los últimos años y que han afectado sectores clave de la economía. "Todas las nacionalizaciones han conducido a la propiedad estatal, lo que para la clase trabajadora ha significado un cambio de patrón y una desmejora de sus condiciones laborales", dice la Mesa de Unidad en su informe. "Los dueños de las transnacionales expropiadas han sido indemnizados, no así lo pequeños y medianos empresarios venezolanos que han visto sus propiedades confiscadas", agrega.

El Gobierno expropió en 2009 más de 70 pequeñas y medianas firmas de servicios petroleros, en su mayoría de capital nacional, dos años después de nacionalizar los multimillonarios proyectos de crudo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco. (Reuters)